En defensa propia
Las irregularidades, los aspectos casi surrealistas de este descarado proceso político contra el autor comenzaron desde sus inicios, en el Juzgado de Primera Instancia número 61 de Madrid, siendo magistrada jueza Juana Patricia Rivas Moreno.

La citada jueza aceptó la petición de los demandados de autorizar una prueba de confesión del demandante (Hassan II). Para ello, cursó el 14 de marzo de 1997 una providencia para que se tradujeran al árabe las diez preguntas autorizadas; un exhorto al Reino de Marruecos para que, “sin dilación”, se trasladaran las preguntas al demandante; una carta al ministro de Justicia para que se diera curso al exhorto y las preguntas y carta al Ministro de Exteriores para que lo hiciera llegar por vía diplomática a Rabat.

Sin embargo, inexplicablemente, la jueza dictó sentencia sin esperar a recibir la prueba de confesión que ella misma había autorizado.